La lucha por la formalización del empleo en Ecuador continúa siendo un desafío crucial entre cifras que revelan una realidad compleja. Según la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de informalidad promedio en los mercados laborales latinoamericanos fue del 48% a mediados de 2023. Sin embargo, en algunos países, superó el 70%. Estos empleos, por lo general, son inestables, ofrecen salarios bajos, no garantizan la protección social ni derechos según la organización.
El doctor Juan Fernando Páez, experto en el ámbito laboral, brinda una perspectiva sobre el tema. Él es director del Centro de Métodos Alternativos para la Solución de Conflictos (CEMASC) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
¿Cuál es su análisis sobre las políticas laborales en Ecuador?
Por años ha existido el interés político de generar oportunidades de empleo. Esto se demuestra en la continua emisión de acuerdos por parte del Ministerio del Trabajo, así como en la promulgación de leyes por parte del Legislativo para fomentar la contratación formal y evitar la informalidad de ciertos grupos demográficos, sobre todo, de aquellos que han sido históricamente marginados.
Por ejemplo, se impuso la contratación de, al menos, el 4% de personas con discapacidad en empresascon más de 25 trabajadores. Igualmente, se estableció la obligación de contratar al 10% de jóvenes entre 18 y 28 años en nuevos puestos de trabajo. Estas medidas incluyen sanciones económicas para aquellos empleadores que no cumplan con lo establecido.
Además, existen otras disposiciones legales que buscan promover la igualdad de género. Por ejemplo, la disposición de contratar como mínimo al 50% de personal femenino y la reciente emisión de la Ley del adulto mayor, que busca también incorporar a este grupo al sector laboral.
Estas medidas, entre muchas otras, evidencian el compromiso del país y de la sociedad con la mejora laboral que incluya a todos. El contrato por horas, examinado en la consulta popular, era un punto adicional a estas medidas ya implementadas por gobiernos anteriores, alternativa que, por por no haber sido adecuadamente socializada, fue negada.
Ahora bien, estas y otras formas de incorporación de gruós sociales al sector laboral, se enfrentan a un panorama complejo. Las regulaciones pueden generar desafíos para los empleadores, especialmente, en relación a la carga económica, la antigüedad y la jubilación patronal, elementos que pueden desincentivar la contratación a largo plazo.
¿Cuáles son las opciones de contratos laborales?
Ecuador tiene 41 tipos de contratos laborales, según información pública. Sin embargo, son pocos los contratos utilizados por las empresas.
En el contexto de la Ley de apoyo humanitario, durante la pandemia por el COVID-19, se implementaron diferentes tipos de contratos laborales. Algunos de ellos se han vuelto bastante comunes, como es el caso del contrato de trabajo especial emergente.
Este contrato se caracteriza por su naturaleza precaria debido a la falta de estabilidad en el tiempo. Aunque este contrato puede suscribirse por un año y ser renovable por otro, es de libre terminación en cualquier momento. Esto implica que no genera indemnizaciones en caso de terminación. Sin embargo, debemos destacar que existe una demanda de inconstitucionalidad sobre este aspecto de la Ley de apoyo humanitario. Así, se añade incertidumbre a su utilización.
Contrato para el sector productivo
Otra modalidad empleada es el contrato para el sector productivo, que es a plazo fijo y renovable por un año adicional. En caso de terminación anticipada, se deben pagar indemnizaciones, ofreciendo una mayor estabilidad en comparación con el contrato especial emergente. Asimismo, el contrato de trabajo a plazo indefinido es común en Ecuador, por ser la modalidad contractual típica y que además permite pactar un período de prueba de hasta 90 días.
Además, se observa el uso del contrato eventual, para reemplazar a personal por motivos de vacaciones, enfermedad o maternidad o para cubrir un aumento circunstancial en la demanda de productos o servicios. Este contrato, precario, conlleva un recargo del 35% en la remuneración, se utiliza para evitar la acumulación de antigüedad laboral y no puede tener una duración superior a 180 días en un año.
Los contratos por obra cierta, tarea y destajo también se utilizan ampliamente y a partir del año 2015, la modalidad de contratación por obra dentro del giro del negocio.
A pesar de estas opciones existentes, la informalidad persiste debido a diversos factores. Entre ellos, se incluyen el desconocimiento sobre las regulaciones laborales, la complejidad y los costos asociados con la formalización del empleo.
Recientemente, se ha observado un retorno al contrato civil (prestación de servicios), aunque esta figura está expresamente prohibida desde 2008. Este fenómeno plantea preocupaciones legales y por forzar una contratación civil ilegal, tampoco se cumple con las obligaciones frente a la seguridad social. Recordemos que la falta de afiliación al seguro social constituye un delito penal sancionado por la ley. Sin embargo, algunos empleadores optan por esta modalidad debido a los altos costos del seguro social y evitar acumular antigüedad.
Esta situación sugiere la necesidad de revisar y ajustar las políticas y regulaciones laborales. La idea sería garantizar la protección de los trabajadores, volver a recordar la ilegalidad de contratar civilmente a trabajadores y así también apoyar a la sostenibilidad del sistema de seguridad social en el país.
En la consulta popular, se analizó el contrato por horas, pero los ecuatorianos rechazaron esta medida. ¿Existe otro tipo de contratación similar en el país?
El trabajo por horas es un tema que generó gran debate en nuestro país. Actualmente, si bien es cierto no existe la posibilidad de contratación por horas, si tenemos el contrato de trabajo a tiempo parcial. Esta es una alternativa válida para contratar dependientes que no deben cumplir las 40 horas semanales de labor, sino menos, y que por su frecuente utilización, no es un contrato precario y garantiza razonablemente la estabilidad de los trabajadores.
¿Qué hacer ante la informalidad laboral en Ecuador?
La problemática del empleo informal en Ecuador es una preocupación importante. Aunque alcanzar la eliminación total puede ser un objetivo ambicioso, existen medidas que podrían contribuir significativamente a reducir su incidencia. Una de estas estrategias podría ser adoptar el enfoque de flexiseguridad. Que es un concepto que supone una adaptación dinámica de las condiciones de trabajo, tales como horarios y tareas, según las necesidades de los trabajadores y empleadores, siempre en el marco del respeto de los derechos laborales.
Otra posible estrategia sería fomentar el emprendimiento y el desarrollo del sector privado.
Durante los últimos años, se han visto esfuerzos en esta dirección, como el programa de financiamiento para emprendimientos impulsado por el Gobierno anterior. Sin embargo, se necesita una revisión y posible mejora de estos programas para aumentar su efectividad y también para favorecer que impulsen la creación de empleo formal y sostenible.
Además, es importante mantener la estabilidad jurídica y tributaria en el país para crear un entorno favorable para la inversión privada y el crecimiento empresarial.
📉| En #Ecuador 🇪🇨, la tasa de #informalidad en 2023 es casi 6 puntos más alta que en 2019.
— OIT Países Andinos (@OITAndina) April 11, 2024
⚠️Además persisten brechas de género, desocupación juvenil y pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
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En fin, la implementación efectiva ante la informalidad requiere de un diálogo permanente constructivo entre los representantes de los trabajadores y los empleadores, en donde debe prevalecer el interés común. Esto puede ser un desafío en un contexto donde las posiciones están polarizadas.
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