La desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, según la ONU. Su impacto no se limita a las víctimas directas, sino que alcanza a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Por esta razón, el organismo la clasifica como un crimen de lesa humanidad, que no prescribe. América Latina es actualmente la región con mayor número de desapariciones forzadas registradas. En Ecuador, esta realidad también está presente, con casos que han marcado la memoria colectiva, como el de los Hermanos Restrepo y, más recientemente, el de los Cuatro de las Malvinas.
Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), durante 2024, al menos 33 personas fueron detenidas y desaparecidas por patrullas militares. Esta cifra forma parte de un total de más de 1000 desapariciones registradas hasta abril de 2025, en el marco del estado de excepción permanente que vive el Ecuador.
Los perfiles de estas personas tienen elementos en común: son hombres de sectores populares, en su mayoría menores de 35 años. Pese a que mayoritariamente son varones, la búsqueda por justicia y verdad está liderada por mujeres.
El número 33 puede parecer una estadística más, pero representa vidas truncadas y ausencias que marcan hogares enteros. Las provincias con más desapariciones forzadas son Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. Entre los desaparecidos hay, al menos, siete menores de edad.
Hablamos con el Mgtr. José Valenzuela Rosero, quien dirige el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la PUCE. Él nos comenta más detalles de lo que representa una desaparición forzada y qué podemos –debemos- hacer como sociedad.
¿Qué es una desaparición forzada?
La desaparición forzada se define como una violación grave y pluriofensiva de los derechos humanos. Para que esta se determine como tal, según la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene estas características:
- Privación de libertad cometida por agentes del Estado o por personas o grupos que actúen con su autorización.
- Falta de información o negativa de reconocer el paradero de la víctima.
- Desprotección legal para la persona.
José explica que es «una práctica que se ha dado en los países de las Américas», lo que ha llevado a la creación de convenciones internacionales e interamericanas para su eliminación. En Ecuador, existe una regulación a nivel constitucional y en el Código Orgánico Integral Penal.
Desaparición forzada, un dolor latente
Decenas de familiares de personas desaparecidas exigen justicia por distintas expresiones, desde la visibilización en medios de comunicación, hasta protestas en las calles frente a entidades como Fiscalía. Esto les suma dolor y desgaste emocional, físico y económico, ante no dar con el paradero de sus familiares. Por ello, la desaparición forzada es considerada una de las formas más crueles y graves de tortura.
Acerca del tema, PhD Francisco Morales, especializado en Sociología de las Emociones y docente de la Facultad de Derecho y Sociedad, explica que es aún más complejo cuando algunas voces intentan justificar un hecho atroz bajo argumentos como que “eran delincuentes” o “para qué estaban en la calle a esa hora”. Estas ideas culpabilizan a las víctimas y no a los perpetradores.
“Si aceptamos que los derechos humanos son relativos, es decir, que algunos los tienen y otros no, entramos en un peligroso terreno. Este relativismo ético cuestiona los valores básicos que sostienen nuestras sociedades democráticas y abre la puerta a una peligrosa arbitrariedad”, señala.
Militarización e impunidad
La militarización de los países parece tener un impacto directo en la ejecución de este delito. José señala que «desde la determinación de los estados de excepción para el control de la grave crisis interna que ha indicado el Estado», se evidencia un aumento en los casos. Además, organismos como la CDH explican que no son casos aislados, sino acciones sistemáticas que se dan por agentes estatales.
El perfil de las víctimas a menudo corresponde a jóvenes de sectores populares. «De forma inadmisible, se está desapareciendo a personas pobres y racializadas», explica el experto.
Por ejemplo, esto se evidencia en el caso de los niños de Las Malvinas, quienes eran afrodescendientes y de escasos recursos, detenidos en un lugar público. Esta situación refleja una racialización, con la que se perfila a ciertas personas bajo la idea de que pudieran ser peligrosas por su apariencia u origen.
¿Cuál es la tarea del Estado?
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han expresado preocupación por el aumento no solo de desapariciones forzadas, sino también de casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y criminalización de la pobreza. La visibilización de esta situación es importante, ya que «genera una voz crítica de las actuaciones del Estado».
Por ello, ante un indicio de desaparición forzada, la acción más práctica y efectiva es activar una garantía jurisdiccional a través de un hábeas corpus, según explica José. El hábeas corpus busca que la persona sea presentada de inmediato ante la autoridad competente. Quien ejecutó la detención tiene que llevar a la audiencia a la persona y dar todos los motivos de la aprehensión, lo que permite proteger la vida y la integridad de la persona privada de la libertad de forma arbitraria.
#ATENCIÓN | Informe de autopsia revela cómo fueron asesinados los cuatro menores de Las Malvinas. CDH se pronuncia https://t.co/G7kYj43cqv pic.twitter.com/VFCQJYT5pA
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Subregistro de casos
La gente no siempre sabe quién estuvo a cargo de la detención. Incluso cuando grupos armados actúan con la tolerancia del Estado se configura la desaparición forzada, puesto que, en este caso, la aquiescencia (consentimiento) de este, desprotege a las víctimas. En estos escenarios, el subregistro es un problema real. Si no se sabe quién es la persona que detiene, no se sabría a quién investigar.
Por otro lado, el CDNH PUCE también ha patrocinado casos de desapariciones en hospitales públicos, un ejemplo de esto es el de Guachalá. Luis Eduardo Guachalá Chimbo fue visto por última vez en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara de Quito, en 2004. Tras décadas de lucha, el jueves 15 de septiembre del 2022, la familia Guachalá Chimbo recibió un reconocimiento público de responsabilidad internacional por la desaparición de su hijo. (Puedes conocer los detalles de este caso en este link).
Actualmente, también lleva el caso de Álvaro Nazareno, quien desapareció del Hospital Eugenio Espejo, en 2011.
Desaparición forzada y rol de la sociedad
José explica que las organizaciones sociales desempeñan un papel importante en la visibilización de esta problemática. Por ejemplo : la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec)o Amnistía Internacional. Asimismo, el CDHN PUCE conoce de cerca varios casos porque ha apoyado a las familias frente al Estado.
Adicionalmente, recalca que es importante que toda la sociedad se involucre. “Debemos comprender que la desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos y que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos». Además, si los casos ocurren, el Estado debe investigar y sancionar a todos los responsables. De esta forma evitamos la impunidad, que es la que perpetúa las violaciones de derechos.
La normalización de estas situaciones es un peligro, ya que deshumaniza a las víctimas. La labor de la sociedad, entonces, es «concientizar y reclamar al Estado cuando no cumple sus obligaciones», dice.
En este sentido, Francisco comenta que “El recuerdo de lo sucedido, de la violencia cometida y de las injusticias vividas no surge espontáneamente. Es necesario un esfuerzo colectivo para mantener viva esa memoria”. Por ello, las acciones de reclamo no son solo necesarias, sino impostergables.
¿Quiénes son los desaparecidos?
La CDH realizó un informe que relata a detalle cada uno de los casos de los 33 detenidos desaparecidos por fuerzas militares. Puedes leer la información completa aquí. Sin embargo, escribimos sus nombres, porque ellos nos faltan a todos.
- Edwin Pata, Bruno Rodríguez, Fardi Muñoz, Cirilo Minota, Oswaldo Morales, Neivi Quiñonez, Ariel Cheme, Jordy Morales, Dave Loor, Juan Santillán, Dalton Ruiz, Cristian Sandoya, Óscar y Jonathan Adrihan, Luis Salas, Jonathan Villón, Miguel Morán, Bryan Torres, Jason Franco, Fabricio Alvarado, Jorge Izquierdo, Francisco Montoya
- Menores de edad: Jeampier Castañeda, Justin Álvarez, Jairo Tapia, Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina, Nehemías Arboleda, Kleiner y Carlos Pisco.
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