El Banco Mundial ha ajustado a la baja sus previsiones de crecimiento para Ecuador. Proyectó un 0,7 % para el producto interno bruto (PIB) en 2024, porcentaje menor al 1,9 % pronosticado en octubre de 2023.
El nuevo panorama fue revelado en el Informe de Perspectivas Económicas Mundiales del 9 de enero de 2024. Aquí se refleja una visión más cautelosa que las estimaciones anteriores del Banco Central del Ecuador.
El magíster Rubén Flores, decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), ofrece su perspectiva sobre el panorama económico de Ecuador para 2024.
¿Cómo evalúa la situación económica de Ecuador para 2024?
Recuerdo que, en 2023, al abordar los desafíos económicos, inicié revisando el estado de la economía mundial. Subrayé la conexión directa que tiene Ecuador con patrón dólar. La recesión mundial, advertida por nosotros y el Banco Mundial en 2023, presentaba un obstáculo considerable para la recuperación económica que el país necesita. Recordemos que el año pasado proyectábamos un crecimiento del 3,2% para la economía ecuatoriana. La realidad mostró un crecimiento inferior al 2,9%. Esta recesión impactó directamente en nuestro país.
Ahora, con un nuevo gobierno, los primeros meses son cruciales para la formulación del plan y presupuesto gubernamental. El tiempo apremia, en efecto el plan y el presupuesto deben estar aprobados en el primer trimestre de este año y el gobierno contará con tres trimestres para ejecutar medidas que definirán el rumbo económico. Esta situación se agrava con la crisis sistémica que enfrenta Ecuador, especialmente, a nivel institucional. Por el comportamiento de algunos actores tenemos como resultados pocas instituciones creíbles y un entorno de corrupción e inestabilidad.
Este escenario, junto con la débil inversión directa registrada en 2023, inferior a los 400 millones de dólares, la crisis de seguridad y la crisis energética, plantea un panorama más complejo para la economía en el 2024. La articulación de las mafias del narcotráfico y el crimen vinculado al poder político generan desconfianza, inseguridad e inhiben la inversión.
El Gobierno ha propuesto leyes económicas emergentes. Entre ellas, la de potencialización de empleo, el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) y la competitividad energética. Sin embargo, las señales son mixtas, con incentivos aparentemente favorables a grandes sectores, pero una carga pesada para la población. Particularmente, con el impacto directo del IVA en la restricción del consumo y las ventas, limitando el crecimiento. En comparación con el año anterior, enfrentaremos una situación económica más desafiante en 2024.
¿Estas leyes son necesarias para afrontar la realidad del país?
En realidad, no veo a estas leyes como una salvación, sino más bien como un aprovechamiento de la coyuntura actual. El presidente ha declarado un estado de guerra interna, asociado a la creciente inseguridad nacional y a grupos criminales infiltrados en la política y las instituciones. Sin duda, es un problema grave, pero la respuesta a esta coyuntura debería ser más estructurada. Las medidas actuales responden a la urgencia del momento, pero no abordan la raíz del problema.
Para comprender la situación financiera gubernamental en 2024, es crucial examinar el presupuesto estatal de alrededor de USD 30.000 millones. En 2023, los ingresos efectivos fueron de USD 25,5 mil millones, mientras que los gastos ascendieron a USD 32,6 mil millones, generando un déficit de USD 5,3 mil millones. Sumado a los retrasos de diciembre, unos USD 3.000 millones adicionales, la necesidad de financiamiento para el Gobierno alcanza los USD 8,8 mil millones.
Esto significa que, para operar con el mismo nivel de presupuesto 2023, el Gobierno necesita financiamiento para el 25% de sus gastos. Esto suponiendo que lo demás se mantenga constante, lo cual no es una realidad. En este contexto de urgencia financiera, se plantean estas leyes. El aumento del IVA del 12 al 15% generaría alrededor de USD 1000 millones adicionales, contribuyendo a cubrir una parte del déficit.
La ley de pago anticipado del impuesto a la renta brinda liquidez para los primeros meses, dependiendo de la contribución de las grandes empresas. Por último, la Ley de Competitividad Energética envía una señal positiva para la inversión en proyectos hidroeléctricos nuevos, permitiendo la participación del sector privado.
Estas medidas buscan garantizar la operatividad del Gobierno este año, abordando la crisis energética y proporcionando liquidez. No obstante, la intervención continua de la Policía y los militares implica gastos considerables. Además, estas acciones responden al problema inmediato de la seguridad, ofreciendo una señal favorable, aunque precedida por el miedo generado por los eventos recientes.
Es un momento delicado, pero, como ciudadanos, debemos entender que la política del terror no resuelve el problema. Simplemente, lo oculta y crea espacio para otros actores. La situación requiere un enfoque más integral y estructurado.
#Portada | 📈 Subir el IVA es la fórmula del presidente Noboa para obtener los recursos que le permitan enfrentar el conflicto armado interno. Antes de él, ocho mandatarios plantearon incrementar el impuesto.
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) January 15, 2024
¿Cuáles Jefes de Estado lo propusieron? ➡ https://t.co/boFe0zw5Ey pic.twitter.com/VVMIZT5DaJ
En cuanto a la inversión extranjera, ¿cuál será el desafío?
El conflicto interno tiene un impacto externo significativo. Preguntémonos quiénes serán los inversionistas extranjeros dispuestos a aportar al Ecuador este año dadas estas circunstancias. Al generar esta sensación de miedo, estamos limitando la posibilidad de atraer inversión extranjera para impulsar la recuperación económica. Desde una perspectiva de política pública, estamos fuertemente condicionados. Lamentablemente, se vislumbra a 2024 como el tercer año consecutivo sin estimular un proceso significativo de inversión extranjera ni recuperación económica.
En contraste con lo logrado por países como Chile, Uruguay y México después de la pandemia, no hemos alcanzado una reactivación sustancial. Aunque los indicadores del sector externo reflejan un aumento en las exportaciones, la estructura general sigue siendo la misma, sin cambios notables.
Otro punto relevante a considerar es el papel de las remesas en el contexto de la dolarización. En 2024, es probable que alcancemos cerca de los USD 5.000 millones en remesas, en comparación con los USD 4.000 millones del año anterior hasta diciembre de 2023.
Este flujo financiero es fundamental para la reactivación de la economía popular y solidaria del país. Este tipo de economía constituye el sostén principal y la esencia de la vida cotidiana, desde las tienditas de barrio hasta la verdulería local.
Es una señal positiva, pero no olvidemos el sacrificio de aquellos ecuatorianos que emigraron y envían remesas, respaldando a sus comunidades.
¿Cómo se vislumbra el empleo en Ecuador?
Creo que es importante explorar alternativas. He revisado recientemente la posición global de la Unión Europea, que ha impuesto regulaciones significativas a grandes grupos económicos y transnacionales. Es impresionante y, aunque impacta a sus aliados, también nos afectará a nosotros.
🔴#ATENCIÓN l Las provincias de Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar concentraron el 72,6% de las remesas recibidas, durante el tercer trimestre de 2023. Los detalles⬇️https://t.co/TYZDAn2eQe
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) January 13, 2024
Por ejemplo, el impuesto alcanzará a transnacionales europeas con sedes en zonas francas de países considerados paraísos fiscales. Entre ellos, Panamá, donde muchas empresas europeas y grandes exportadores ecuatorianos tienen presencia.
Este caso resalta una alternativa clara y diferente a simplemente subir el IVA. Podríamos haber implementado un impuesto único a aquellos grupos económicos que han experimentado ganancias extraordinarias después de la pandemia. Empresas transnacionales de medicamentos son un claro ejemplo, obteniendo utilidades considerables mientras afectan a los ciudadanos mediante la compra de medicamentos. Además, las grandes cadenas de comercialización favorecen bienes importados en lugar de impulsar la producción nacional. Así, el sector financiero, a pesar de su ineficiencia, sigue siendo también un sector ganador.
Alternativas
Quería señalar que sí existen alternativas para abordar estos problemas de manera diferente y garantizar ingresos significativos. El país debe discutir seriamente el tema de los subsidios a los combustibles. No con la intención de eliminarlos, sino de comprender cómo focalizarlos de manera efectiva. Por ejemplo, el transporte público debería seguir siendo subsidiado para garantizar su accesibilidad. Sin embargo, no podemos seguir subsidiando el calentamiento de agua en casas de alto valor, donde se calientan piscinas con gas subsidiado.
Es crucial evitar erosionar la base imponible mediante incentivos como los contemplados en la ley inicial y la ley energética. Estas leyes benefician, principalmente, a los grandes y no a la población en general. También es fundamental comprender las prácticas de las offshore y el manejo de los grandes grupos económicos en Ecuador. Esto para explorar alternativas que generen ingresos y puedan redistribuirse para abordar las necesidades más apremiantes de la población: seguridad y empleo.
Una problemática
En cuanto al empleo, la dimensión de la pirámide de edad en Ecuador y la realidad de los ‘ninis’ (jóvenes que ni trabajan ni estudian), especialmente, aquellos entre 18 y 23 años, constituyen un problema urgente. Hay alrededor de 600 mil ecuatorianos en esta categoría, siendo el foco de estos grupos criminales y narcotraficantes. Las leyes presentadas por el Gobierno hasta ahora no abordan este problema específico ni proponen soluciones para esta situación. No estamos resolviendo el problema; de hecho, ni siquiera estamos dando los primeros pasos para abordarlo de manera efectiva.
¿Qué otro aspecto urgente deberíamos tomar en cuenta?
Uno de los aspectos que se destacó y cumplió el año pasado fue el control de la inflación. Ecuador fue uno de los pocos países en América Latina que mantuvo niveles bajos de inflación. Fue un hecho positivo respaldado en gran medida por la dolarización. No obstante, convendría activar la precaución porque, como advertíamos en el artículo del año anterior, se presentaron dos potenciales preocupaciones. Una de ellas, la energética, que se materializó; pero la otra, que sigue inquietándome es la crisis alimentaria.
Existen señales que debemos interpretar y comprender, como lo ocurrido entre Venezuela y Guyana, Rusia y Ucrania, China y Taiwán, e Israel y Palestina. Estas situaciones son indicios que nos alertan sobre el sonido de la guerra. Aquí, ya respondimos a ese sonido declarando una guerra interna. En el fondo, esto podría generar una desarticulación en el funcionamiento de los sistemas alimentarios.
Por esta razón, insistimos en la urgencia de abordar políticas públicas para el sistema alimentario. La idea no es solo que se centren en la producción, sino también en una producción sostenible y saludable. Siendo un sector competitivo para Ecuador, deberíamos tener la capacidad de alimentar tanto a nuestra población como de exportar. No obstante, recordemos que la situación económica del país deja entre 3 y 6 millones de personas con difícil acceso a una alimentación saludable. Asimismo, suman hasta 3 millones de personas yéndose a dormir sin comer diariamente. Además, seguimos desperdiciando el 32% de los alimentos.
A pesar de estas advertencias, veo una tendencia contraria. Se evidencian más cargas para el sector productor, menos incentivos y una creciente falta de atención de la política pública. Esto es bastante evidente y fundamental de entender.