Ecuador vive un sombrío panorama de violencia: atentados en varias provincias, secuestros de agentes policiales, fugas carcelarias, disturbios en el sistema penitenciario y la declaración de un conflicto armado interno. ¿Hay alguna salida a esta espiral de violencia?
En este contexto, la Mtr. Ivonne Téllez, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), ofrece una visión sobre seguridad, políticas públicas y aspectos sociales que impactan en la dinámica del país. Además, explora las medidas necesarias para abordar la compleja situación de seguridad en Ecuador.
¿Cómo describiría la situación actual en Ecuador?
La situación en Ecuador es grave y va más allá de una simple crisis de seguridad. Estamos frente a lo que podría definirse como un narcoestado, donde los carteles y el narcotráfico tienen un control significativo. Las cárceles, lejos de ser centros de rehabilitación, parecen ser puntos neurálgicos para las operaciones del crimen organizado. La violencia carcelaria es solo la punta del iceberg. Hay una lucha territorial en un país que antes era de tránsito de drogas y que ahora se ha convertido en un epicentro de operaciones.
Esta problemática no se queda encerrada entre rejas; se traduce en balaceras, atentados, secuestros y otras manifestaciones que atemorizan a la sociedad civil. Esta violencia es reflejo de la incapacidad del Estado para abordar el problema de manera efectiva. Además, la corrupción y la desinstitucionalización han permitido que esta narcocultura impregne todas las estructuras estatales. La fuga de reos, como alias ‘Fito’, es solo un ejemplo flagrante de esta corrupción arraigada en el sistema.
#URGENTE | BALACERA EN TC TELEVISIÓN. En este momento delincuentes con explosivos someten a periodistas y colaboradores de TC Televisión, y piden micrófonos para hacer un pronunciamiento.pic.twitter.com/AjpjLfoAyb
— CENTRO Digital (@radiocentroec) January 9, 2024
El caso Metástasis es una clara muestra de cómo los distintos poderes del Estado se han visto cooptados por intereses del narcotráfico. La gravedad no se limita a la seguridad; es una crisis social que corrompe el tejido mismo de la sociedad. No se trata solo de seguridad, sino de una penetración en todas las prácticas sociales que facilitan y fomentan la corrupción. Enfrentar esta realidad supera el etiquetarla como una crisis de seguridad. Es reconocer la complejidad de un problema que se ha incrustado en lo más profundo de nuestra sociedad.
¿Hay salida a esta situación de violencia?
Mi perspectiva no es optimista. No se limita solo a Ecuador, sino a la región en general. Si analizamos el sistema carcelario, originalmente, concebido para rehabilitar, se convierte en un punto de operaciones donde el Estado parece perder el control.
En la región, se ha optado por utilizar el sistema carcelario para paliar los defectos en la seguridad pública. Sin embargo, al encarcelar a individuos, la sociedad puede sentirse temporalmente más segura. Es un círculo vicioso: encarcelamos para sentirnos seguros, pero esta gente, en un entorno criminal, se vuelve más peligrosa. Se deja así a la sociedad vulnerable a sus acciones.
Continuar con prácticas que han persistido durante décadas, no cambiará el resultado. Se necesitan cambios profundos, mayor atención a la reestructuración de grupos criminales y trabajar por los sistemas de protección social del Estado
Las medidas del Gobierno, hasta el momento, no abordan la raíz del problema. Está radica en la cultura de impunidad, debilidades en el sistema judicial, falta de confianza institucional y la ausencia de oportunidades económicas. Estos factores son incentivos para actividades delictivas.
Debemos mirar más allá de los problemas de seguridad evidentes y comprender por qué las estructuras estatales son débiles y no ofrecen garantías, dejando a la sociedad desprotegida y con escasez de oportunidades. Estamos en una situación donde las propuestas superficiales no resolverán problemas estructurales.
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— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 9, 2024
Esta madrugada tres servidores policiales fueron víctimas de secuestro en la vía a El Empalme #LosRíos. Además, esta mañana se registró la colocación y detonación de un artefacto explosivo al patrullero en el que se movilizaban.
Se ha realizado el despliegue… pic.twitter.com/noniL0rfmP
Daniel Novoa implementó el estado de excepción en Ecuador. ¿Realmente funcionan estas medidas a la luz de ejemplos previos de administraciones gubernamentales?
Los estados de excepción se entienden como regímenes jurídicos especiales amparados por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. ¿Para qué sirven? Permiten al Estado restringir ciertos derechos y libertades en situaciones de fuerza mayor, siempre que sea proporcional y necesario. Sin embargo, en la región y especialmente en Ecuador, estos estados de excepción se han vuelto habituales, perdiendo su carácter excepcional. Los gobiernos los utilizan de manera recurrente para cumplir ciertos objetivos, lo que ha llevado a una legislación urgente bajo este marco.
En la historia ecuatoriana, los estados de excepción anteriores han quedado cortos en su eficacia. En lugar de abordar el origen de los problemas,
han servido de plataforma para que el Ejecutivo implemente medidas de emergencia que no atienden verdaderamente los desafíos planteados.
En este sentido, la propuesta de Daniel Noboa para restablecer el control en las cárceles suscita inquietudes y cuestionamientos.
Las medidas de emergencia deben ir acompañadas de acciones que mitiguen los impactos negativos en la población. Simplemente, centrarse en recuperar el control, sin considerar las consecuencias económicas y sociales, no asegura que la medida sea efectiva.
La efectividad de esta decisión dependerá de las medidas adicionales que se implementen. En mi perspectiva, la propuesta del Gobierno parece más enfocada en la urgencia que en una reestructuración profunda, lo cual es preocupante.
#URGENTE | «No negociaremos con terroristas», dijo el presidente #DanielNoboa y afirmó que decretó el estado de excepción en #Ecuador. https://t.co/aBAMLVXnCr
— El Universo (@eluniversocom) January 8, 2024
También habrá toque de queda de 23:00 a 05:00. pic.twitter.com/C4VetRqQ9k
En 2023, Ecuador se ubicó entre los países más violentos de Latinoamérica. ¿Qué medidas urgentes necesita el país en términos de seguridad?
El Plan Fénix, propuesto por el Gobierno es un ejemplo de un enfoque ambicioso en seguridad, aunque enfrenta dificultades para materializarse debido a limitaciones presupuestarias y otros obstáculos. Estas medidas desvían la atención de las situaciones estructurales que alimentan la criminalidad, como la violencia política y de género, que forman parte integral de la crisis de seguridad.
La violencia de género y otros tipos de violencia están interconectados en la crisis de seguridad, impactando la percepción de seguridad ciudadana. Abordar esta problemática requiere instituciones sólidas y enfoques multisectoriales basados en derechos humanos. La política pública debe atender desigualdades, pobreza y brindar oportunidades en educación y trabajo para garantizar la seguridad ciudadana.
La credibilidad también es esencial. Exige sistemas de información eficaces para evaluar el impacto del crimen, erradicar la impunidad y asegurar que la justicia sea efectiva. Se necesita un enfoque centrado en la persona y transformaciones en la normativa y política pública. Esto para romper este ciclo de violencia arraigado en factores sociales y económicos.
Se requiere una propuesta de política pública sólida. Esta, aunque no ofrecerá soluciones inmediatas, sí transformará la situación en unos 10 años. Tal vez, esta generación no aprecie el cambio, pero, sin duda, lo harán nuestros hijos. Es la forma de planificar un país más seguro en el futuro. De no ser así, seguiremos atrapados en las vías fáciles de subsistencia, como el acceso al narcotráfico, debido a la falta de oportunidades y desigualdades sociales.