Entre 2021 y 2023 hubo, al menos, 479 víctimas en las masacres carcelarias en Ecuador. Esto en 14 incidentes, según el Informe del Ministerio del Interior. De esas vidas, ni el Estado ni la sociedad pudieron dar cuenta. Una investigación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) caracteriza a los privados de la libertad asesinados en 2021, profundizando así el análisis sobre la crisis en las cárceles del país.
El estudio se titula Crimen organizado y asesinatos masivos en los centros penitenciarios en Ecuador: caracterización de las víctimas del CD zona 8 2021. Hablamos con Lorena Piedra, docente de la Facultad de Derecho y Sociedad. Ella junto a Mario Cueva y Leonardo Jaramillo lideraron la investigación.
El estudio sostiene que las estructuras criminales en el interior de las cárceles utilizarían la violencia para consolidar su poder en el interior y exterior. Esto combate el discurso de una “guerra entre bandas” y profundiza el análisis del sistema carcelario y de rehabilitación social en el país.
Esta investigación forma parte de un estudio más amplio de tres años que junta diferentes actorías y disciplinas.
“Hemos conformado un equipo multidisciplinario que integra varios actores y saberes. El estudio se enmarca además en un proyecto de vinculación con la sociedad de la PUCE. En este proceso, contamos con el aporte de Mario Cueva , docente de Ciencia de Datos, y de Leonardo Jaramillo, docente externo, quienes aportan desde sus áreas de especialización”, indica Lorena.
Crisis carcelaria en 2021
En 2021 hubo cuatro eventos de violencia masiva en dos centros de privación de la libertad de la Zona 8. Se considera que con estas masacres estalló otro nivel de violencia de los centros carcelarios. Para el estudio se analizó el perfil de las víctimas del CPL Guayas N°1, antes conocido como a Penitenciaría del Litoral, y el CRS Masculino Guayas N°4. Esto según la división que hace el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
¿Por qué estas masacres? Se considera que la Zona 8 es el centro de la crisis carcelaria del país. El análisis específico de estas masacres da pie a la caracterización de las víctimas de otros eventos de violencia excesiva. Para el estudio, se tomó una muestra de 126 personas de las 274 víctimas entre febrero y noviembre de 2021.
Es importante anotar que el acceso al registro de las víctimas no fue sencillo. El Ministerio del Interior entregó el listado a la Fundación Mil Hojas en 2022. Además, periodistas y medios de comunicación fueron claves para la recopilación de información sobre las víctimas.
Un fenómeno multicausal
Entre las causas que anota el estudio para la escalada de violencia en las cárceles están:
- Debilidad institucional, que limita la capacidad de respuesta y control.
- Presupuesto insuficiente, que afecta a la infraestructura, al personal y a los programas de rehabilitación.
Mañana se publica mi primera historia del año en @GKecuador .
— Karol E. Noroña (@KarolNorona) January 3, 2023
En el corazón de Guayaquil, las familias de las víctimas de las masacres carcelarias se organizan para luchar por la vida de quienes aún están en las prisiones en el primer @JusticiCarcelEc de Ecuador.
Un adelanto💜. pic.twitter.com/H5BdiJCFmu
- Diseño antitécnico de las prisiones, que agrava el hacinamiento y dificulta la gestión interna. Por ejemplo, al construir la cárcel de Latacunga no se consideró la falta de acceso a agua potable, haciendo que pabellones enteros no cuenten con el líquido vital.
- Corrupción a distintos niveles, que facilita el ingreso de armas, drogas y privilegios dentro de la cárcel. Además, participan en la estructura criminal agentes estatales de todos los niveles de gobierno.
Populismo penal y masacres
Lorena explica que en el país la crisis carcelaria comenzó mucho antes de que estallaran las crisis carcelarias. Ella señala que fue clave en la crisis el proyecto de construcción de mega cárceles para aliviar el hacinamiento.
«La idea de las mega cárceles se vendió como la gran solución, pero responde a una lógica de populismo penal, una corriente presente en toda Latinoamérica. Este enfoque, más que basarse en procesos de planificación rigurosos, suele priorizar decisiones guiadas por el impacto mediático y el afán de mostrar resultados inmediatos”.
En esa misma línea, Benjamin Lessing sostiene que las cárceles contemporáneas en Latinoamérica generan una dinámica donde las estructuras de delincuencia organizada se fortalecen. Él se especializa en temas de crimen y gobierno y es docente de la Universidad de Chicago.
A esto se suma la reforma al Código Penal, que trajo mayores penas y que profundizaron el problema de hacinamiento y dificultades en la gestión del sistema carcelario. InSight Crime calcula que en 2024 existía una sobrepoblación de entre el 50 y 100% en las cárceles del Ecuador. En gran medida por la pérdida de capacidad de las infraestructuras de ciertos centros como el de Latacunga.
Presencia y ausencia del Estado en las cárceles
Es así como se debilitaron programas de rehabilitación social, se complejizó la organización interna y el personal es fácilmente corruptible por su precarización. Por ejemplo, existe una trabajadora social para 3000 privados de la libertad, o un psicólogo para 800 personas.
Adicionalmente, esto provoca que los reclusos no puedan ser divididos por la gravedad de los crímenes. Las cárceles, entonces, se convierten en centros de perfeccionamiento de la criminalidad, como señala InSight Crime, en su informe sobre las cárceles en el país.
Ante esa ausencia del Estado, las estructuras criminales se fortalecieron y han jugado un papel protagónico en la organización interna de las cárceles. Desde el abastecimiento de enseres básicos hasta ciertos privilegios, todo se compra y vende en las cárceles. Muchos privados de la libertad tenían que decidir, al ingresar, a qué banda se afilian como una estrategia de supervivencia. Si no lo hacían, sus vidas corrían peligro.
Por otro lado, estas estructuras criminales no podrían funcionar sin la participación del Estado en sus diferentes niveles. Lorena explica que el papel de los agentes estatales es muy importante.
“Esto deja en evidencia cómo las estructuras de delincuencia organizada lograron cooptar distintas instancias del Estado. No se trata solo de casos aislados. Aunque aún no se sabe con claridad hasta dónde llega esa influencia».
Las víctimas de las masacres carcelarias
El estudio propone un análisis desde el enfoque de interseccionalidad y la defensa de los derechos humanos para la caracterización de las víctimas de las crisis carcelarias. Por ello, se toma en cuenta diferentes variables como la edad, la información sobre los delitos cometidos, el nivel educativo y empleo.
Casi dos terceras partes de las víctimas estaban en edades entre 29 y 35 años. Este grupo etario coincide con la mayor incidencia de desempleo y subempleo en el país. Por otro lado, 13 víctimas permanecían en las cárceles bajo la figura de prisión preventiva, cuatro contaban con boletas de excarcelación y una estaba próxima a obtener la libertad.
Un hallazgo importante es que las víctimas, en su mayoría, no tenían altos mandos en las estructuras criminales, es decir. La mayoría estaban en la cárcel por robo, seguido por tráfico o tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Solo ocho de las víctimas fueron identificados con un perfil delictivo dentro de las bandas criminales.
Otro elemento es el nivel de instrucción relacionada con el tipo de delitos. Por ejemplo, la mayoría de las víctimas con estudios de educación superior corresponden al delito de pensión de alimentos. Mientras que la mayoría de las víctimas relacionadas con delincuencia organizado y tráfico ilícito de sustancias contaban con educación inicial.
Los hallazgos visibilizan cómo el sistema carcelario perpetúa desigualdades que inicialmente llevaron a estos individuos a la prisión. El común denominador entre las víctimas es el nivel de pobreza y extrema pobreza de las familias de las que provenían.
Informe “Crisis Carcelaria en el Ecuador” que recopila el trabajo de documentación e investigación del @CDHGYE sobre la crisis carcelaria, especialmente las cuatro masacres ocurridas en el Ecuador durante el 2021.
— CDH.GYE (@CDHGYE) February 10, 2022
Descargue informe👉 https://t.co/qjBQ3B0lg0 pic.twitter.com/PWwvVAO56F
¿Rehabilitación social?
La sociedad no cuestiona el sistema carcelario en el país. Los presos son vistos como deshechos sociales. Sin embargo, Lorena señala que es indispensable tomar en cuenta que lo que pasa en las cárceles nos afecta a todos.
“Si las personas privadas de libertad no logran rehabilitarse, todos terminamos pagando las consecuencias. En Ecuador no existe ni cadena perpetua ni pena de muerte, lo que significa que, tarde o temprano, todas las personas que hoy están en un centro de privación de libertad volverán a las calles.
Por eso, nos debería importar a todos que el sistema de rehabilitación social funcione bien, porque su fracaso se traduce en mayor violencia e inseguridad para la sociedad. Sin embargo, como sociedad no tomamos verdadera conciencia de esto. Existe la idea errónea de que con encerrar a las personas «nos libramos» del problema, cuando en realidad es un problema que solo se posterga y regresa multiplicado”.
Lorena considera que debe realizarse un trabajo multisectorial para dar una respuesta integral a las masacres carcelarias. “No basta con construir nuevas cárceles”. Ella sostiene la falta de presencia estatal en muchas zonas del país es un factor determinante. Esto a través de infraestructura, programas de educación, acceso a salud, vivienda digna y oportunidades de empleo.
También te puede interesar:
Ecuador: ¿hay salida a la situación de violencia?
PUCE crea Observatorio de Rehabilitación Social para mejorar el sistema penitenciario