Hacinamiento, corrupción, cárceles deterioradas, violencia, motines, masacres, narcotráfico y más situaciones conflictivas… La crisis en el sistema penitenciario de Ecuador es evidente. Solo del 2021 al 2022, hubo once masacres carcelarias. Estas sumaron 412 víctimas y se han cometido en seis prisiones de cinco ciudades.
Un proyecto de rehabilitación social
Ante esta situación, en febrero del 2022, el Gobierno de Ecuador presentó la Política Pública de Rehabilitación Social 2022 – 2025 . El objetivo es transformar el Sistema de Rehabilitación Social con enfoque de derechos humanos.
Participación PUCE
El proyecto se formuló con la colaboración de representantes de la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales en derechos humanos y la academia. En este último grupo, también aportó la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE).
“Participar en este proceso nos permitió identificar los ejes que el Estado tenía que reforzar y cubrir en esta política pública”. Así comentó la abogada Camila Cedeño, coordinadora general del Consultorio Jurídico Gratuito (CJG) de la PUCE.
El proyecto, que dura hasta el 2025, es una respuesta a la profunda crisis penitenciaria que agobia al país. Esta iniciativa fue bien recibida por algunos expertos. Sin embargo, existen dudas sobre su total cumplimiento.
Un observatorio PUCE para dar seguimiento
En este contexto. Los Consultorios Jurídicos Gratuitos, como parte de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, crearon el Observatorio de Seguimiento a la Política Pública de Rehabilitación Social.
El objetivo del Observatorio es dar seguimiento a las medidas que el Estado, como garante de los derechos humanos, debe implementar. Esta iniciativa surgió a raíz de la emisión de la Política Pública de Rehabilitación Social 2022-2025.
La política aborda ejes de derecho como:
- salud,
- educación,
- trabajo,
- acceso a información ,
- y el derecho al debido proceso y a la defensa.
Además, el Observatorio levantará información y data en las cárceles. Esto, para plantear acciones de garantías constitucionales y un enfoque amplio de casos en defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad.
“En la PUCE hemos trabajado con proyectos para la disminución de la violencia en los centros penitenciarios. Estamos alineados a los objetivos de la PUCE y su compromiso social a través del Programa de disminución de la violencia. El Observatorio contribuirá a que las autoridades tengan estadísticas y datos concretos para elaborar futuros proyectos”, finalizó la abogada Cedeño.
Un programa integral
El Observatorio está conformado por docentes y estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Jurisprudencia. Además, cuenta con el apoyo integral de las facultades de Psicología y Ciencias Humanas, entre otras.
En Ecuador hay más de 35.000 personas privadas de su libertad, según datos de la secretaria de Derechos Humanos. El seguimiento del Observatorio de la PUCE a esta política pública contribuirá al cumplimiento de los derechos de los reclusos. Este es el compromiso que el observatorio ha asumido para servir a la sociedad.
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