Seis de cada 10 mujeres en el Ecuador han experimentado algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual o patrimonial) a lo largo de su vida, según los últimos datos del Instituto Nacional de  Estadística y Censos (INEC). En recientes investigaciones, se sugiere que la independencia económica de la mujer puede ser uno de los factores detonantes de la violencia de género.

En este contexto, la máster en Economía y Gestión, Nora Fernández, docente de la Facultad de Economía y coordinadora del Observatorio de Política Social y Ambiental de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), habla sobre la relación del empoderamiento económico de la mujer y la violencia de género.

Esta problemática, también, fue analizada en el último Boletín de análisis de indicadores sociales, ambientales y económicos (ISAE) de la PUCE

1. ¿Por qué cree usted que es importante el empoderamiento económico para la mujer? 

El empoderamiento económico contribuye a la igualdad de género impulsando la independencia económica de las mujeres y aumentando su poder decisión en todos los ámbitos de su vida.  Se espera que el empoderamiento económico disminuya las condiciones de vulnerabilidad con las que las mujeres enfrentan los diferentes tipos de violencia, la exclusión social y la discriminación.

2. ¿Cómo se relaciona la independencia económica con la violencia de género? 

Durante mucho tiempo se ha sostenido que a más independencia económica de la mujer menor violencia. Hay evidencia de que la dependencia económica deja a las mujeres más vulnerables y con menos posibilidades de salir de los círculos de violencia. Sin embargo, para el caso del Ecuador, las investigaciones recientes muestran que alcanzar la independencia económica no es suficiente para erradicar la violencia.

Según un estudio realizado por Abena Oduro y Carmen Deere, explica que si bien es cierto la independencia económica de la mujer puede disuadir los comportamientos de abuso físico de su pareja, esta tiene efecto solo si la mujer aporta hasta un 50% de la riqueza del hogar. Si la mujer llega a aportar más que su pareja, un 100% por ejemplo, ella enfrenta una mayor posibilidad de reportar abuso, que puede llegar a ser de una probabilidad de 70% de sufrir violencia.

Además, una investigación reciente de Salomé Vacacela, alumni PUCE y experta en género y Andrés Mideros, decano de Economía de la PUCE, muestra que para las mujeres ecuatorianas el acceder a un trabajo de 40 horas (que contribuye a su independencia económica) y tomar decisiones de manera independiente aumenta de forma significativa la probabilidad de sufrir violencia.

Son estos datos los que nos hacen concluir que la independencia económica es necesaria, pero de ninguna manera es suficiente para la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Además, estos estudios nos dan indicios de que la violencia contra las mujeres aumenta cuando nuestras acciones desafíen los roles tradicionales de género.

3. ¿Cómo ve el panorama del empoderamiento de la mujer en la pospandemia? 

Bastante crítico. El empoderamiento económico de las mujeres está vinculado al acceso al empleo, a la obtención de ingresos, así como al acceso a la protección social y servicios públicos de cuidados.

Con respecto al acceso a empleo, si bien existe un deterioro general en las condiciones de trabajo del mercado laboral ecuatoriano, las mujeres han sido las más afectadas durante la pandemia.  La participación de las mujeres en el mercado laboral se da en condiciones de desventaja frente a los hombres.

A diciembre de 2020, la tasa de participación global de las mujeres en el mercado laboral fue de 52,4% (mientras que la de los hombres llegó a 76,9%), esto es 1,1 puntos porcentuales por debajo de la tasa de participación global de las mujeres en 2019.

4. ¿Qué sucede con el trabajo no remunerado de la mujer? 

Hay suficiente evidencia que muestra que la sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidado, limita el tiempo y las oportunidades laborales. Las mujeres realizan tres veces más trabajo no remunerado y de cuidado, acceden menos al empleo adecuado, se encuentran sobrerrepresentadas en el subempleo, el otro empleo no pleno y en empleo no remunerado.

Las mujeres están más vinculadas a trabajos más flexibilizados, con menor regulación, cuentan con menor protección y menor estabilidad.  En condiciones regulares, para las mujeres la probabilidad de trabajar se reduce en 35% por sus tareas domésticas y de cuidado.

En el contexto de la pospandemia, esta situación puede agravarse, es decir su reingreso al mercado laboral puede tardar más tiempo que para el caso de los hombres o puede significar un abandono definitivo. A enero de 2022, las mujeres tenían cifras de desempleo más altas y representaban el 52% de las personas desempleadas.

5. ¿Qué tan complejo es para una mujer tener independencia económica?

Es muy complejo dado el contexto de una sociedad machista y patriarcal como la ecuatoriana. La posibilidad de obtener independencia económica está vinculada a mayores niveles de educación, pero, sobre todo, a la superación de las ideas sobre los roles de género profundamente arraigadas en la cultura del país, así como, contar con servicios públicos de cuidado (lo cual implica la asignación de presupuesto público) que descarguen de las mujeres la responsabilidad de realizar las actividades de cuidado.

Según la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU), las mujeres ecuatorianas, sobre todo las jóvenes, en su mayoría no están de acuerdo con los roles tradicionales de género, a pesar de ello, para el 2019, la Población Económicamente Inactiva estaba compuesta por el 68,5% de mujeres.

En promedio, la mayoría de estas mujeres (85,5%) que no buscan trabajo no lo hacen porque “su cónyuge o familia no le permite”, lo cual es uno de los síntomas de las sociedades patriarcales.

6. ¿Cómo se puede cambiar estas realidades?

El empoderamiento e independencia económica de las mujeres requiere una intervención integral que problematice y realice propuestas para transformar las desigualdades de género presentes en los procesos de producción y reproducción de la sociedad – incluido el sistema económico.

Para esto, se requiere intervenir en el ámbito de la educación a fin de cambiar las ideas sobre los roles tradicionales de género que permita una redistribución del trabajo de cuidados entre los miembros de las familias e implementar un sistema nacional de cuidados que facilite una redistribución social de los cuidados.

Sin un cambio educativo y un sistema de cuidados que provee de servicios públicos a las familias, es difícil eliminar las barreras culturales y de acceso vinculadas a los roles tradiciones de género, así como generar cambios permanentes en el acceso de las mujeres al mercado laboral, en condiciones dignas y en igualdad de condiciones con los hombres.

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