En 1997, un empleado civil de una empresa aeronáutica fue detenido ilegalmente. Agentes de Inteligencia de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) lo llevaron a una instalación militar para interrogarlo. El Centro de Derechos Humanos de la PUCE defiende a Gonzalo Cortez.

Así lo explicó el Dr. Mario Melo, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). A partir del 2020, tomaron la causa de este ciudadano, que fue apresado en tres ocasiones, desde 1997 hasta el 2000.

¿Qué pasó con el ciudadano?

Gonzalo Cortez era técnico de mantenimiento. En la primera detención lo interrogaron por 24 horas, no le brindaron alimentos. Posteriormente, lo condujeron a una celda, ubicada en una instalación de la FAE, por orden de un juez militar. Permaneció incomunicado por 19 días.

El ciudadano, según detalló el doctor Melo, fue golpeado sistemáticamente, escupían sobre sus alimentos, golpeaban a su puerta para evitar que durmiera en las noches. “Lo sometieron a tratos inhumanos y degradantes”.

La audiencia en la Corte IDH

En sintonía con la filosofía de servicio de la universidad, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE defiende a Gonzalo Cortez. Él emprendió una acción ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El lunes 21 de marzo, la Corte IDH trató el caso en una audiencia.

“La Corte tiene la oportunidad de sentar precedentes en torno a los derechos de las personas civiles, que trabajan en entornos controlados por empresas militares. No debieran ser sometidos arbitrariamente a tratos no compatibles con la dignidad humana”.

Eso manifestó el decano de Jurisprudencia, quien recordó que el juez militar le concedió a Gonzalo Cortez una fianza y así pudo recuperar su libertad. Incluso la Corte Militar anuló el juicio porque no estaba sujeto a su jurisdicción, ya que era civil. Pese a eso, el juez civil que reabrió la causa le dictó, sin razón, prisión preventiva.

Durante cinco meses estuvo retenido en el Centro de Detención Provisional (CDP). Interpuso tres veces el recurso de Hábeas Corpus, ante el alcalde de Quito, sin respuesta positiva.

El entonces Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional, reconoció que su detención fue ilegal y le devolvió la libertad. Sin embargo, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE defiende a Gonzalo Cortez porque ese suceso truncó sus planes de vida.

La reparación

El ciudadano busca acceder a medidas de reparación, ya que el trato recibido afectó su salud física y psicológica. A la par se perjudicó su situación laboral, por lo que espera una indemnización. También pide que una autoridad pida disculpas públicas, a manera de reparación simbólica.

El doctor Melo recordó que el Centro de Derechos Humanos de la PUCE defiende a Gonzalo Cortez, como lo ha hecho con quienes necesitan ese tipo de apoyo. Esta unidad mantiene un servicio abierto a la comunidad de asesoría jurídica gratuita, para casos tratados en la justicia local y en tribunales internacionales.

A inicios de mayo, los abogados y estudiantes de la universidad deberán enviar sus alegatos finales a la Corte IDH.

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