Venezuela enfrenta una crisis social y política sin precedentes. Las elecciones presidenciales de 2024 han generado gran controversia y preocupación a nivel nacional e internacional. Hasta el cierre de esta nota, 11 personas han perdido la vida y más de 177 han sido detenidos en las manifestaciones. Se exige mayor transparencia y legitimidad en el proceso electoral. ¿Podrá la comunidad internacional tomar alguna acción?

En Conexión PUCE, dialogamos con la Mtr. Ivonne Téllez, experta en Derecho Internacional y docente de la Facultad de Jurisprudencia.

Hay varios aspectos a considerar. Por un lado, recordemos que los procesos de elección en los países son autónomos y autorregulados. Sin embargo, esto no significa que estén exentos de cumplir con estándares internacionales. Especialmente, cuando los Estados integran entidades como la Organización de los Estados Americanos (OEA), que cuenta con organismos de verificación electoral. La mayoría de los países en el mundo han optado por una vía democrática para sus regímenes. Esta decisión no se relaciona con ideologías, sino con una forma de gobierno que garantiza los derechos humanos.

En el caso de Venezuela, las elecciones que llevaron a Nicolás Maduro a su mandato, han carecido de legitimidad. Por ejemplo, en 2018, no se permitió competir a la oposición, y esta decidió no participar al no haber garantías adecuadas. Desde allí, se generaron dudas sobre la legitimidad del proceso electoral en Venezuela.  En estos años, hemos visto la limitación del ejercicio de los derechos civiles y políticos. También, la cooptación de los poderes estatales por parte del Ejecutivo, incluidos los militares y el fiscal, lo cual complica el proceso.

El acuerdo de Barbados

La presión internacional, tanto política como económica, llevó a Venezuela a firmar el Acuerdo de Barbados. Así se comprometió a garantizar elecciones libres y transparentes. Esto motivó a la oposición a participar, esperando mejores condiciones en 2024. No obstante, la parte técnica de las elecciones presentó problemas, como la aparición repetida de un mismo candidato en el tarjetón de votación.

Además, hubo situaciones como la inhabilitación de María Corina Machado, ejecutada administrativamente por el Consejo Nacional Electoral, cuando debería haberse hecho judicialmente. Esto crea un ambiente de ilegalidad y, en consecuencia, se pierde legitimidad tanto nacional como internacionalmente. La falta de transparencia en la presentación de actas también contribuye a las dudas sobre el proceso.

El caso de Maduro y Venezuela no es un hecho aislado. Viene precedido por irregularidades en elecciones anteriores y situaciones que han nublado el panorama electoral, como detenciones y sanciones. Si Maduro hubiera ganado y se mostraran las actas abiertamente, habría que respetar la decisión popular. No obstante, la falta de transparencia resta legitimidad al proceso.

La respuesta es compleja. La comunidad internacional, incluidas las organizaciones y los Estados, no tienen la potestad de intervenir directamente en el rumbo de un país. No pueden entrar y decidir quién debe gobernar o imponer nuevas elecciones. La razón es que, nos guste o no, Venezuela es un Estado soberano con un poder establecido. En este caso, el poder de Nicolás Maduro y su séquito, respaldado por los militares y características propias de una dictadura.

Sin embargo, existen mecanismos internacionales que se pueden utilizar. Por ejemplo, la OEA, de la cual Venezuela es miembro, tiene el Departamento de Cooperación y Observación Electoral. Este se encarga de evaluar la calidad del proceso electoral. Aunque no califica el resultado, sí puede verificar aspectos como el acceso al voto y la transparencia.

La presión internacional, tanto económica como política, puede desempeñar un papel importante. Muchos países ya han desconocido los resultados de las elecciones en Venezuela y han expresado su rechazo. Esta presión puede exigir, por ejemplo, la presentación de actas de votación para verificar la transparencia del proceso. No obstante, más allá de esta presión, no se puede hacer mucho legalmente, ya que Venezuela es soberana en sus procesos electorales.

Además, Venezuela cuenta con el apoyo de potencias como Irán, China y Rusia, lo que le brinda una protección geopolítica significativa. Este respaldo convierte la situación en un asunto no solo político, sino geoestratégico. Se limita así aún más la capacidad de intervención de otros países, como Estados Unidos.

Aunque es complicado hacer predicciones exactas, podemos analizar las tendencias recientes para tener una idea del futuro. En Venezuela, la situación es alarmante. La represión es intensa para quienes no apoyan al régimen, y hay un sentimiento de desesperanza generalizada entre la población. Muchos venezolanos tuvieron la esperanza de un cambio en las últimas elecciones, pero la realidad demostró lo contrario.

La crisis económica y la falta de libertades civiles y políticas están impulsando una ola migratoria. Las restricciones, como la cancelación de vuelos internacionales y la expulsión de delegaciones diplomáticas, están aislando aún más al país. A pesar del apoyo de Irán, China y Rusia, las sanciones de Estados Unidos, especialmente, en la compra de petróleo, siguen afectando la economía venezolana.

No parece haber indicios de un cambio positivo en el corto plazo. Las políticas actuales del régimen de Maduro, probablemente, continuarán, lo que llevará a un mayor empobrecimiento de la población. Además de la crisis económica, la ausencia de libertades fundamentales contribuye al sufrimiento de los venezolanos.

Dado que la migración solo va a incrementarse, los países no pueden evitar que las personas lleguen. La necesidad y la desesperación son fuerzas poderosas, y la gente encontrará formas de emigrar, ya sea legal o ilegalmente. En el pasado, la población más privilegiada salió en avión. No obstante, la mayoría de los venezolanos, que no tuvieron esa opción, se ven obligados a migrar a pie. De esta manera, forman caravanas que atraviesan fronteras.

Los países de acogida deben fortalecer la cooperación internacional y la preparación para recibir a los migrantes. La realidad es que no se puede detener esta ola migratoria. Aunque algunos países imponen barreras, como la exigencia de pasaportes y certificados, la gente seguirá encontrando caminos alternativos. Es crucial fortalecer las redes de cooperación y estar preparados para un nuevo éxodo migratorio. Negar la atención a quienes lo necesitan va en contra del derecho a migrar y pedir asilo. A su vez, existe una responsabilidad colectiva de atender crisis humanitarias graves.

El Gobierno de Venezuela no parece dispuesto a ayudar a quienes emigran ni a quienes permanecen en el país, agravándose la situación. En cuanto a la seguridad, aunque no hay una relación directa entre migración y crimen, hay estructuras de crimen organizado. Una de ellas es El Tren de Aragua, que se extienden por Latinoamérica. Estas organizaciones representan amenazas reales y se fortalecen con personas que, debido a la falta de oportunidades, terminan uniéndoseles.

Fuente: diario El Universo.

Los países vecinos reciben el impacto humanitario, migratorio y de seguridad. Aunque no todos los migrantes traen delincuencia, el contexto de la crisis en Venezuela favorece la expansión del crimen organizado. Por ello, la preocupación de los países de la región es comprensible y justificada.

Las consecuencias de la migración en las dinámicas familiares

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