El juez Ángel Mestanza aceptó una acción de protección para que diversas instituciones del Estado adopten «medidas necesarias para eliminar la sobrepoblación carcelaria» que asciende al 30% en el país. La información la difundieron este martes 9 de marzo el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica (CDH-PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en DD. HH. (Inredh). Para determinar el número de personas privadas de la libertad que podrán mantenerse en el sistema, el juez resolvió que se tendrá en cuenta: a) La capacidad instalada en los centros de rehabilitación social del país. b) El número de guías penitenciarios disponibles de acuerdo con las normas internacionales, en cada centro carcelario. c) El estricto cumplimiento de las normas de distanciamiento social ordenadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional

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