El 10 de junio de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió archivar el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales (LOPDA). Esta decisión ha reabierto el debate sobre la necesidad urgente de una legislación clara, efectiva y coherente en esta materia.
La propuesta, respaldada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil —incluidos veterinarios, biólogos, abogados, ingenieros ambientales y académicos— buscaba establecer un marco legal único para garantizar los derechos de los animales. Sin embargo, desde su primer debate en 2024, organizaciones como el Colectivo LOA cuestionaron su alcance, argumentando que el texto propuesto no cumplía con los estándares de protección establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador.
Dialogamos con la abogada Camila Cedeño, coordinadora general de los Consultorios Jurídicos Gratuitos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) quien amplía el panorama sobre el proyecto de ley archivado.
El caso que lo cambió todo
El punto de partida para esta discusión legislativa fue un caso emblemático: el de Estrellita, una mona capuchina que vivió por 18 años con una familia en Ambato y que fue retirada de ese entorno por las autoridades ambientales en 2019. Su historia, marcada por signos de desnutrición y deterioro físico, motivó un fallo histórico de la Corte Constitucional: el reconocimiento de los animales como sujetos de derechos.
“Este fallo marcó un antes y un después en el país, al abrir la puerta para desarrollar una ley integral sobre bienestar animal”, explica Camila.
¿Qué buscaba la LOPDA?
La propuesta legislativa ha atravesado múltiples versiones —LOA, LODA, LOBA— en un intento por unificar diversas normativas dispersas. Su objetivo era ambicioso: regular desde la tenencia y protección animal hasta la producción y uso de animales en investigación y trabajo.
Con 143 votos a favor, de 151 asambleístas, la Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales (LOPDA), fue archivada. 👉 https://t.co/5xmP4hHTef pic.twitter.com/GtqeL0QPC6
— Diario Correo (@diariocorreoec) June 10, 2025
“Centralizar la normativa en una sola ley tenía ventajas, pero también presentaba desafíos. Por ejemplo, no estaba claro qué entidad estatal sería la responsable de hacer cumplir la ley. ¿El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica o incluso los gobiernos locales ? ”, dice Camila.
¿Cómo se clasifican los animales?
Uno de los principales vacíos que presentaba la ley radicaba en la clasificación de los animales según su uso: de compañía, silvestres, de trabajo, de consumo o de experimentación. Aunque la normativa reconocía a todos ellos como seres sintientes —con derecho a la vida, salud y respeto a sus ciclos naturales—, no establecía límites ni definiciones claras.
“La delgada línea entre estas categorías daba lugar a vacíos legales e interpretaciones que perpetúen abusos”, señala la jurista. Además, aunque se hablaba de evitar la sobreexplotación de animales de trabajo o consumo, no se especificaban criterios objetivos para evaluarlo.
La tensión con las prácticas culturales
Las peleas de gallos y las corridas de toros, aunque fuertemente arraigadas en algunas regiones del país, también fueron foco de polémica. La LOPDA dejaba abierta la posibilidad de que se sigan realizando en cantones donde estas prácticas fueron prohibidas por consulta popular en 2011.
“Eso genera una contradicción. ¿Cómo se puede hablar de bienestar animal y, al mismo tiempo, permitir actos que lo vulneran?”, cuestiona Camila.
Sanciones y aplicación: otro punto débil
La propuesta establecía multas por maltrato animal según la gravedad de la infracción, pero aún dejaba interrogantes clave. ¿Quién recibe las denuncias? ¿Cómo se mide la intensidad del daño? ¿Qué mecanismos garantizarían una sanción efectiva?
Más allá de la ley: lo que realmente necesitan los animales
Para Camila, el verdadero cambio implica reconocer a los animales como sujetos de derechos y establecer mecanismos claros para garantizar su protección. Esto incluye tanto el castigo al maltrato como la educación y concienciación ciudadana.
“Una ley adecuada debería fomentar prácticas éticas y sostenibles en el manejo de animales, tanto en entornos domésticos como en su hábitat natural”, afirma.
Un avance, con retos pendientes
Aunque archivado, el debate alrededor de la LOPDA representa un paso importante en la evolución jurídica del Ecuador en materia de bienestar animal. El reconocimiento de los animales como seres sintientes ya es un hito, y el país se perfila como uno de los primeros en Latinoamérica en abordar esta discusión desde una perspectiva de derechos.
“La LOPDA es un primer paso, pero su éxito dependerá de corregir vacíos normativos, definir competencias institucionales y asegurar una implementación firme. Solo así avanzaremos hacia una sociedad verdaderamente justa con todas las formas de vida”, concluye Camila.
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