El 1 de abril, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dio luz verde al porte de armas de la sociedad civil en el país. Esto como medida contra la delincuencia. Decreto que encendió el debate no solo sobre el impacto social, sino acerca del Sistema de Salud Pública.
Entre los requisitos, que establece el decreto 707 para adquirir un arma en el país, se deberá pasar por una evaluación psicológica, pero, ¿se encuentra el Estado en capacidad de tener este control?
Para analizar este decreto y su efecto en la salud pública, Conexión tuvo un diálogo con la doctora Ana Lucía Torres, directora del Instituto de Salud Pública (ISP) de la Pontificia Universidad del Ecuador (PUCE), y el doctor Iván Dueñas, investigador del instituto.
¿En términos de salud pública, qué significa esta medida?
Iván Dueñas: Permitir el porte y tenencia de armas a la sociedad civil implica un golpe en la política de salud, tanto colectiva como individualmente. Esto por las consecuencias a largo plazo en términos de mortalidad y discapacidad que puede generar esta medida.
Además, es surge un caldo de cultivo de violencia. Pensemos que Ecuador, desde la pandemia, ha tenido un incremento de la desigualdad, la pobreza y la inseguridad. Esos factores pueden desencadenar en mayores índices de enfermedades mentales y violencia. En ese contexto, el decreto 707 generará un nivel de homicidios mayor al que se quiere evitar en términos de seguridad.
¿Tiene el Sistema de Salud Pública la capacidad de hacer el filtro requerido en el decreto?
Ana Lucía Torres: La atención psicológica no está distribuida equitativamente en el país. Este es uno de los elementos claves de entender sobre la política de salud mental que ofrece el ente rector, el Ministerio de Salud Pública (MSP). Entonces, ¿dónde se va a concentrar estas evaluaciones? Y en el supuesto caso de que estas sean viables, ¿cuáles son los parámetros establecidos que determinen que una persona puede manejar un arma?
A nuestro criterio, el decreto establece parámetros absolutistas. Estos no nos dan una lógica de filtro real de los problemas de salud mental ni del manejo de las armas. Además, creemos que no se tiene una política que brinde las condiciones para que se protejan la salud y la vida.
En este caso, vemos que más bien se pone en tela de juicio esta nueva responsabilidad. Hemos visto con otras medidas como el control de consumos nocivos (alcohol, tabaco y bebidas azucaradas) que el Estado tiene baja capacidad de control. Así, se asume por un lado que el Estado hará el control del uso de las armas, pero se ha demostrado su escasa capacidad de control.
Por otro lado, creemos que se desconocen de esta medida los entornos estructurales de las personas. Como mencionamos antes, hay una profundización de las desigualdades. Entonces, la población que vive en entornos vulnerables, donde hay desigualdad y poco acceso a servicios en general no tendrán a mano estas evaluaciones psicológicas que se mencionan.
Si no se toma esta medida, ¿qué se podría hacer para mermar la violencia?
Iván Dueñas: Pensemos en dos escenarios. El primer escenario es antes de la puesta en práctica de este decreto. Uno de los elementos más importantes para la disminución de la violencia es la reducción de las desigualdades sociales, en todo ámbito (salud, educación, etc.)
Esto es muy claro y creo que todo el mundo está de acuerdo y no hay mucho que discutir. Pero, cuando ya se presenta este decreto, hay que pensar en otras alternativas para evitar las muertes violentas.
Existen tres elementos que han demostrado que son claves para esto. Primero, recordemos que de las muertes que se producen por armas, cuando se presentan dentro del hogar, la mayor parte tiene como víctimas a las mujeres. Por lo tanto, el requisito de ausencia de antecedentes de violencia doméstica tiene que ser exhaustivo.
Así también, es muy importante que las personas tengan una evaluación a fondo sobre la presencia de adicciones. El alcohol y las drogas son los combustibles más importantes para la exacerbación de los homicidios por armas de fuego. Por eso la evaluación debe ir atada s una política en contra del consumo y acceso al alcohol, especialmente en adolescentes.
Es importante mencionar que la mayor parte de muertes por armas de fuego a nivel mundial se presenta en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Esto por el solo hecho de tener un arma en la casa.
Tras el decreto, ¿creen que la mayoría de personas salgan a comprar armas?
Iván Dueñas: Pensamos que si una persona toma la decisión de comprar un arma es porque hay un antecedente. Por ejemplo, nivel de ansiedad extremo, una enfermedad mental o que se encuentre en un entorno de violencia. A eso se debe sumar, la falta de acceso a la educación, la pobreza y las adicciones.
¿Otro factor qué se deba analizar?
Ana Lucía Torres: No se ha tomado en cuenta la responsabilidad que implica emitir un decreto como este. Hay un discurso por parte del Gobierno y la lógica de que estamos categorizándonos como policías y bandidos. Discurso, que además, es reforzado por los medios de comunicación. Vemos en las noticias asaltos, homicidios, sicariatos, decomisos de drogas, etcétera. Entonces, esto provoca en la sociedad miedo colectivo.
Así, esta medida puede generar un falso sentimiento de seguridad y protección. Ya que el Estado es incapaz de darme esa protección, yo tomó la justicia en mis propias manos.
Otro de los problemas que vemos en esta medida es la ausencia de debate. Lamentablemente, existe una mirada sesgada de lo que significa el manejo de la violencia. No podemos desligar esta política de salud pública del resto de políticas que es necesario que el Estado las genere.
De esta manera, existe un traspaso de la responsabilidad de la seguridad que debe proporcionar el Estado a las personas.
En conclusión, ¿esta medida no reduciría la delincuencia?
Iván Dueñas: Definitivamente, no. A más de no reducir la criminalidad, las armas podrían aumentar un contexto de violencia con costos sociales y económicos altos. Desde el aumento de las muertes y las discapacidades que puedan generar en los sobrevivientes de un disparo.
Según las estadísticas, las tasas de mortalidad, cuando se ha permitido el acceso a las armas a la sociedad civil, son más altas. Estos ejemplos se han visto en México o Brasil.
Lo ideal, desde nuestro punto de vista, es que no exista este decreto o que se derogue, puesto que las consecuencias que trae son graves en términos sociales y económicos dentro de la salud pública.
Como academia, ¿qué se va a hacer con respecto a este decreto que afecta la salud pública?
Ana Lucía Torres: Se trata de una medida unilateral y que se planteó sin el debate público necesario. Nuestro rol es crear los espacios para hablar de estos elementos y generar conciencia. Así contaremos con más argumentos para definir una postura y los posibles impactos en la salud pública.
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