En Ecuador, la Corte Constitucional vive días complejos. Lo que debería ser un debate jurídico de las leyes impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa se ha transformado en un campo de tensión política y simbólica. Pero ¿por qué este conflicto afecta a la democracia? Expertos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) nos ayudan a analizarlo. Además, de vislumbrar un posible desenlace que pone a la Corte Constitucional en el epicentro del debate.
Contexto
El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea tres leyes económicas urgentes: la Ley de Integridad Pública, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia. Estas normativas generaron de inmediato cuestionamientos constitucionales: solo la de Inteligencia acumula más de 30 demandas de inconstitucionalidad.
Frente a este escenario, la Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional 17 artículos de dichas leyes, hasta emitir un fallo de fondo. La medida encendió la confrontación.
En las últimas semanas, la tensión se ha trasladado al terreno simbólico y político. El 12 de agosto de 2025, se organizó una marcha en contra de la Corte, acompañada de pancartas gigantes con los rostros de los jueces. En cadena nacional, el presidente de la Asamblea y varios ministros aparecieron escoltados por militares, mientras desde el discurso oficial se calificaba a la Corte como “enemiga del pueblo”.
La Corte Constitucional como garante de derechos
Para la Mgtr. Ivonne Téllez, docente y jurista, la importancia de la Corte es indiscutible. “La Corte Constitucional es el máximo organismo que tiene como principal responsabilidad la salvaguarda de la Constitución. Actualmente, es el único órgano que garantiza que el Ecuador medianamente sea un Estado de derecho”.
#24Horas | La Corte Constitucional dispuso la suspensión provisional de varios artículos de las tres leyes urgentes del Gobierno.
— Teleamazonas Noticias (@Teleamazonas24H) August 5, 2025
Un reportaje de @bernadacevaTAhttps://t.co/36Ss4yfcBi
Su función es eminentemente técnica. Como recuerda el también docente PhD. Efrén Guerrero, “el conflicto existente es el choque entre un interés político con una instancia técnica”. El Ejecutivo puede tener urgencias, pero la Corte Constitucional debe asegurar que esas decisiones no vulneren derechos ni rompan los principios democráticos.
La Corte Constitucional como “enemiga del pueblo”
La marcha del 12 de agosto estuvo encabezada por Daniel Noboa, sus ministros y asambleístas del oficialismo. En su discurso el presidente calificó a la Corte como “enemiga del pueblo”.
Para Ivonne estas expresiones son peligrosas para la democracia. “Catalogar de manera tan infantil y caprichosa la función del único contrapeso institucional es un atentado directo contra la democracia”. Estas acciones, además de exponer a los jueces en un contexto de inseguridad, abren la puerta a la “criminalización de la disidencia”.
Técnica vs. autoritarismo
Por otro lado, Efrén sostiene que la Corte no es un actor político, sino un árbitro técnico. Sin embargo, en un clima donde los problemas políticos se judicializan, sus decisiones se vuelven inevitables protagonistas del debate público. “El auténtico intérprete de la Constitución es la Corte, no el presidente. El presidente tiene que obedecer la Constitución”, recalca.
El Gobierno de Noboa declara “enemiga del pueblo” a la Corte Constitucional de #Ecuador https://t.co/opm68p8Qzq vía @elpais_america
— Rocío Rodríguez (@Rochi35) August 17, 2025
Cuando estos mecanismos se irrespetan o deslegitiman, Ivonne advierte que puede existir un riesgo mayor de autoritarismo. “Siempre en los regímenes de tinte autoritario incomoda que sus decisiones sean sometidas a control judicial. La Corte se convierte en esa piedra en el zapato que impide que el poder actúe de manera caprichosa”.
Una democracia frágil
Ambos juristas coinciden en que lo que está en juego no son solo leyes puntuales, sino la estabilidad del Estado de derecho. Abrir “grietas en el sistema democrático” puede desmoronar la institucionalidad, señala Efrén. A lo que Ivonne complementa que “estamos viviendo un retroceso de derechos y de la institucionalidad democrática, acompañado de un ejercicio caprichoso y ausente de técnica jurídica”.
El hostigamiento contra la Corte, que Ivonne señala que se hace evidente con los intentos de desalojar su sede hasta auditorías cuestionadas, es visto como un peligroso intento de quebrar su independencia. “En este hostigamiento no se puede trabajar con independencia”, subraya Ivonne.
¿Qué le espera a la Corte ahora?
El futuro dependerá de la capacidad del gobierno de acatar las decisiones de la Corte y del respaldo ciudadano e internacional a la independencia judicial. “Podemos discutir medios y modos, pero hay que darle la oportunidad a la Corte de hacer su trabajo”, insiste el docente Efrén.
La tensión actual no es solo un pulso entre poderes. Es una prueba de fuego para la democracia ecuatoriana. En este sentido, Ivonne hace un llamado urgente a la defensa del órgano Constitucional. “Somos nosotros, la academia, los gremios y la ciudadanía quienes debemos salir en defensa. Si el Estado se desmorona, perdemos todos”.
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