“Un día llegaron y empezaron a construir muros sin ninguna explicación. Privatizaron nuestras playas, nos negaron el acceso al mar y bloquearon los senderos que por años fueron nuestro territorio. Vivíamos del turismo y todo se lo quedaron. Entonces, comprendimos cómo, ilegalmente, se apropiaron de nuestras tierras ancestrales en Salango”.
Este es el testimonio del señor Alberto Asencio, oriundo de Salango. Un pueblo manteño – huancavilca, ubicado en Puerto López, provincia de Manabí. Él y la comunidad indígena de este lugar llevan 23 años buscando justicia para recuperar sus territorios. Pero, ¿qué sucedió?
La historia
Entre 2000 y 2004, la comunidad enfrentó un gran desafío cuando un ciudadano suizo se apoderó fraudulentamente de 34.32 hectáreas de propiedad colectiva. El ciudadano extranjero actuó mediante la empresa Inmobiliaria Tocuyo S.A., para realizar un proyecto turístico que nunca se concretó.
El Mtr. José Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), explica lo sucedido.
“Esta apropiación se realizó a pesar de que la Constitución de 1998 lo impedía. En dicha Carta Magna, ya se establecía que los terrenos de propiedad comunitaria eran indivisibles, inembargables e inalienables. Las instituciones del Estado hicieron una interpretación inadecuada de la Constitución; y, después de que autoridades judiciales lo ordenaran, se logró registrar la compra fraudulenta de estas tierras a nombre de la Inmobiliaria Tocuyo S.A. Esto generó un gran impacto en los derechos colectivos del pueblo indígena de Salango”, agregó el Mtr. Valenzuela.
Hechos puntuales
Como consecuencia de estas compras, empezaron los bloqueos a los caminos tradicionales de acceso a las playas ancestrales. Entre ellas, la Playa Dorada, situada cerca del Parque Nacional Machalilla. Este lugar, además de destacarse por su arena de color dorado, es un referente histórico en la identidad cultural de este pueblo.
Asimismo, gran parte de la comunidad perdió sus principales fuentes de trabajo, como el turismo. La razón: este sector es de gran relevancia para el avistamiento de ballenas jorobadas y el hogar de lobos marinos.
Igualmente, los pescadores tuvieron que abandonar sus lugares de pesca e ir mar adentro en busca de sus productos. Antes, lo hacían en esta playa de gran diversidad marina.
“Ahora, los comuneros solo pueden mirarlas desde el mar abierto. Se les impidió el acceso incluso con el uso de la fuerza y la obstrucción de senderos ancestrales que antes estaban abiertos”. Comentó así la abogada Alejandra Montero, del CDH-PUCE.
Un caso que escaló a la Corte IDH
La comunidad de Salango se registró como un pueblo ancestral indígena en 2004. El mismo año presentaron su caso ante la CIDH. Desde ese entonces, comenzó una larga lucha por la recuperación de su territorio. También presentaron una acción de protección en 2010, que perdieron en dos instancias.
Así, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron el caso ante la Comisión Interamericana, que después de 17 años emitió un informe de admisibilidad y fondo, en 2021.
Luego de que el Estado incumpliera las medidas determinadas por la CIDH, este organismo presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El proceso escrito ante la Corte IDH comenzó con la presentación de un escrito con solicitudes, argumentos y pruebas en octubre de 2023.
La Corte IDH analizará la situación
El escrito contiene argumentos sólidos que respaldan la afirmación de que se han violado derechos fundamentales de la comunidad de Salango. Entre estos derechos se mencionan:
- la propiedad colectiva,
- los derechos culturales,
- la personalidad jurídica,
- la igualdad ante la ley y
- el acceso a las garantías y protección judiciales.
“Este documento sienta las bases para que la Corte IDH lleve a cabo un análisis en profundidad del caso. También, para que tome decisiones en consecuencia de la violación de derechos”, mencionó el Mtr. Valenzuela.
Una lucha comunitaria que mantiene su esperanza
Se espera que el proceso ante la Corte IDH dure, al menos, uno o dos años antes de que se emita una sentencia. El objetivo del caso es obtener reparaciones integrales para la comunidad. La restitución del territorio, el acceso libre a caminos privatizados e indemnización por las pérdidas económicas sufridas constan entre otras compensaciones.
La comunidad de Salango no solo busca recuperar sus tierras. Desea sentar un precedente importante en la protección de los derechos colectivos y de propiedad indígena. Este caso destaca la importancia de proteger los derechos de las comunidades ancestrales y garantizar que el Estado actúe en su defensa.
“Desde que inició, fui testigo de todo esto. Gracias a Dios, al CDH-PUCE y a Inredh, ahora vemos una luz, algo de esperanza. Al fin, nuestras voces fueron escuchadas. No veo la hora de que esto termine y poder decir: ¡Volvimos a nuestras tierras!”, finalizó el señor Alberto.
Gracias por dar a conocer este importante dato, que indigna saber que las leyes prioriza lo económico violando los derechos de sus habitantes.