Julio García. Foto: cortesía del CDH – PUCE.
Han pasado 18 años desde que el fotógrafo Julio García murió asfixiado por múltiples bombas lacrimógenas. Este hecho ocurrió el 19 de abril de 2005, en un escenario de protestas en contra del gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez
Breve historia
Julio García era un fotógrafo activista de 58 años. Por mucho tiempo, participó en varios movimientos sociales. Nació en Chile, pero múltiples factores lo motivaron a radicarse en Ecuador en la década de los 70. Así, formó parte de Los forajidos, un movimiento que derrocó el gobierno de Lucio Gutiérrez en 2005.
En el marco de este escenario, Julio salió a realizar su trabajo. Durante las protestas, fotografió a niños y mujeres que fueron oprimidos por los agentes de la Policía Nacional del Ecuador. Julio se percató de que algunos niños se estaban ahogando por el gas lacrimógeno. Trató de auxiliarlos, pero más bombas explotaron, entonces, cayó asfixiado.
El personal de la Cruz Roja lo atendió y lo trasladó al Hospital Eugenio Espejo, pero no sobrevivió. Murió por un paro cardiorrespiratorio.
Un caso internacional
La familia presentó recursos a nivel nacional e internacional para buscar reparación. Sin embargo, hasta el momento, el Estado no ha tomado medidas concretas, incluso incumplió las recomendaciones de la CIDH en este caso.
Frente a esto, el Centro de Derechos Humanos (CDH), de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) tomaron el caso desde instancias internas y ahora, presentaron los argumentos del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En 2023, el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, marcando el inicio de una etapa importante en su litigio. Este caso representa un hito. Abre las puertas para tratar temas sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado en el contexto de protestas sociales en los países que integran la OEA”. Así comentó el Mtr. José Valenzuela, director del CDH de la PUCE.
¿Qué se pide al Estado?
Según el director del CDH PUCE, una respuesta por parte de la Corte IDH en este caso es crucial para el Ecuador, ya que se establecerá como un precedente jurisprudencial que limite el uso proporcional de la fuerza a nivel continental. Estos precedentes ayudan a fijar estándares para la protección de la dignidad humana y los derechos de los manifestantes durante protestas sociales.
Así, se solicitaron varias medidas de reparación, incluyen medidas simbólicas para honrar la vida de Julio García. Entre ellas, la creación de un museo digital que recopile su trabajo de fotografía.
También, se busca una compensación económica para la familia, ya que Julio contribuía de manera significativa a su sustento. Además, se pretende que se adecúe la normativa interna a los estándares de uso progresivo de la fuerza. Esto, junto a capacitación a los funcionarios en estos estándares.
Seguimiento
Actualmente, el CDH PUCE e Inred presentaron el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas a la Corte IDH. Se espera que haya una audiencia el próximo año. En ella, se discutirá la responsabilidad del Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos de Julio García y su familia; además de las medidas de reparación integral solicitadas en el caso.
“Buscamos proteger y garantizar de mejor manera los derechos humanos en el contexto de protestas sociales. Las personas y organizaciones sociales tendrán más argumentos para reclamar judicialmente en casos de futuras violaciones de derechos humanos durante manifestaciones, teniendo como garantía la protección eficaz de sus derechos humanos. Nos orientamos también en este sentido», concluyó Martin González, abogado del caso y miembro del CDH-PUCE.
Te puede interesar:
Comunidad de Salango: la lucha por recuperar sus tierras ancestrales