El 24 de junio de 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana revocó la visa indefinida otorgada a Alondra Santiago. Ella es una periodista cubana que reside en Ecuador desde hace 19 años. Según la resolución oficial, Alondra Santiago fue acusada de cometer actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado.
Estas acusaciones se basan en documentos clasificados como secretos, los cuales no han sido revelados públicamente. La medida ha generado un debate intenso en redes sociales y otros medios de comunicación.
Un análisis académico
¿Es legal este proceder? ¿Qué implica la revocación de la visa indefinida para una persona? La abogada Daniela Oña, coordinadora de Movilidad Humana de los Consultorios Jurídicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), lo explica.
“El Estado ecuatoriano, a través de la Cancillería, tiene la potestad de conceder, negar, cancelar o revocar una visa. Esto según el artículo 67 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Es decir, es una facultad inherente del Estado y puede ser discrecional en ciertos casos, dependiendo de los parámetros establecidos”.
La revocación de visa
Esta ley contempla tres causales para la revocatoria de una visa:
- Una sentencia ejecutoriada por delitos con pena privativa de libertad mayor a cinco años.
- Obtener la condición migratoria de forma fraudulenta.
- Cometer actos que atenten contra la seguridad pública y la estructura del Estado.
«La tercera causal, introducida en 2021, requiere un análisis adecuado por parte de la autoridad competente. Esta causal recibió críticas de varios sectores de la sociedad civil porque permite una interpretación amplia y potencialmente arbitraria de lo que constituye un acto contra la seguridad pública y la estructura del Estado. Ni la ley ni su reglamento especifican claramente cuáles son estos actos, lo que puede llevar a interpretaciones subjetivas y decisiones autoritarias», dijo Daniela.
Otro punto
Por otra parte, en el caso específico de Santiago, la resolución menciona un informe secreto que justificaría la revocatoria. Sin embargo, para la abogada Oñate, esto plantea otra gran dificultad. Al tratarse de un tema de seguridad pública, la información puede ser confidencial y difícilmente accesible para la afectada u otra persona que quiera conocer los detalles.
«Esto genera un problema de transparencia y defensa, ya que resulta complicado replicar o defenderse contra algo que no se puede conocer en su totalidad», explicó Daniela.
La revocación de la visa coloca a la persona en una condición migratoria irregular. Para cambiar esta situación en Ecuador, la persona debe encontrarse en una condición regular, lo que obliga a gestionar el cambio desde fuera del país.
«En última instancia, la decisión de conceder o no la visa recae en el Estado. Aunque la visa no es un derecho, las personas tienen derecho a solicitar una condición migratoria, la cual el Estado debe evaluar sin arbitrariedad. El problema surge cuando el Estado considera que la persona representa un peligro para el país, ya que no existe una definición clara de lo que constituye una amenaza, lo que crea un vacío legal«, agregó Daniela.
Ante instancias internacionales
El Mtr. José Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, asegura que esta acción podría considerarse un abuso del Estado en el ejercicio de su poder punitivo. Además, menciona que la naturaleza discrecional del caso pude ser considerada una posible violación de derechos humanos.
«El uso de reservas de información debe estar justificado y alineado con normas legales previas. En casos donde la información reservada podría implicar violaciones de derechos humanos, esta debería hacerse pública para garantizar la transparencia y la justicia».
Otra perspectiva
Para la Mtr. Ivonne Téllez, docente de la PUCE y especialista en derecho internacional, esta decisión aparenta ser una acción de índole política más que legal.
“Es especialmente preocupante porque estamos hablando de una periodista que, al parecer, ha sido crítica del Gobierno. Esto no solo afecta su derecho al trabajo, sino también la libertad de expresión y la libertad de prensa. Vemos que la denegación de la visa podría estar ligada a su ejercicio profesional, lo cual es alarmante”, agregó Ivonne.
Por otra parte, Ivonne menciona que lo ocurrido en este caso muestra una gran informalidad e imprudencia en la administración pública. Esto mencionando el comunicado emitido por el Ministerio del Interior, donde asegura no tener responsabilidad en el caso.
“Se evidenció una impericia en la gestión estatal y una falta de claridad en las competencias. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el que otorga visas, mientras que el Ministerio del Interior ejecuta estas decisiones. La confusión y la transferencia de responsabilidades entre ministerios indican una falta de coordinación y preparación”, dijo Ivonne.
¿Qué mecanismos políticos existen para revertir esta decisión?
José Valenzuela comenta que una persona afectada por la revocación de una visa tiene, al menos dos, opciones jurídicas para proteger sus derechos:
COMUNICADO OFICIAL | A la ciudadanía: pic.twitter.com/jpr8xaEL1w
— Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) June 25, 2024
- Acción de protección. Para determinar si se han vulnerado derechos como la libertad de expresión y el principio de proporcionalidad. También se podrían solicitar medidas cautelares conjuntas que eviten un daño irreparable, como la deportación inmediata.
- Acceso a la información personal. Solicitar acceso a la información personal a través de mecanismos legales como el habeas data. Esto para conocer las razones específicas detrás de la revocación y evaluar si se han violado sus derechos.
Por otro lado, Ivonne Téllez afirma que, en estos mecanismos, la soberanía del Estado para conceder visas complica la situación debido a su ley. Sin embargo, políticamente, la presión ciudadana y mediática podría tener un impacto, similar al caso Assange. Este caso estableció un precedente sobre la no penalización del ejercicio profesional en el campo de la comunicación.
La revocación de la visa indefinida de Alondra Santiago ha generado un intenso debate. La falta de claridad y la posible arbitrariedad estatal han suscitado críticas y preocupaciones sobre la transparencia y el respeto a los derechos humanos.