El lunes 14 de febrero del 2022, los cuerpos de dos personas aparecieron colgados en un puente peatonal de Durán, cantón de la provincia del Guayas. Y se ha especulado sobre la posibilidad de que la escena tenga un nexo con la violencia que se ha evidenciado en las cárceles o de que sea una especie de mensaje de bandas delictivas. La Mgtr. Alejandra Delgado, docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la PUCE, integra la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación.
El 16 de diciembre de 2021, a través del Decreto Ejecutivo 294, se conformó esa comisión, que tendrá vigencia de seis meses. En la primera semana de febrero ya dieron su primer informe al presidente Guillermo Lasso y una rueda de prensa. La socióloga Delgado habló al respecto.
¿Se puede relacionar la escena que se observó en Durán el lunes y la violencia que se vive en las cárceles?
Como miembro de la comisión no me corresponde establecer esos vínculos, es una problemática muy compleja. Todo lo que tiene que ver con política criminal en nuestro país es extremadamente complicado. Hay una fuerte tradición de culpabilizar a esas personas que han estado bajo condiciones de mayor vulnerabilidad de todos los males del país. Es una conclusión muy frecuente.
¿Y no es correcto hacer esa inferencia?
No, es una respuesta cómoda, que ha permitido ignorar otras problemáticas. Por años se ha dicho que todo lo que pasa dentro de las cárceles es culpa de los privados de libertad y ahora lo que pasa fuera también es su culpa. Ellos son los culpables de la precarización y la violencia en la sociedad.
¿Qué se deja de ver con esa conclusión cómoda?
La indolencia frente a un sistema penitenciario que no tiene ningún viso de humanización para los privados de libertad, independientemente del tipo de delito que hayan cometido. Los centros son repositorios de deshechos humanos para la gente pobre, ya que quien tiene posibilidad de resolver, por cualquier vía la privación de libertad, lo hace.
¿Qué han perdido esos ciudadanos, además de la libertad?
Todo lo que tiene que ver con la dignidad, eso se observa cuando se visitan los centros de privación de libertad, hay condiciones que dejan mucho que desear.
¿Cuántos centros han visitado?
En conjunto hemos visitado nueve de 36 centros, entre otros, la Regional de Guayaquil, la Regional de Latacunga, Penitenciaría del Litoral, El Turi, la Cárcel de Mujeres.
Penitenciaría del Litoral.
Sin culpar a los privados de libertad de todo, ¿no tienen algún grado de responsabilidad de la violencia que se ha observado en las masacres?
Efectivamente, hay una violencia que se desata, pero hay que ver cómo están viviendo, en relación, por ejemplo, a la comida. La cantidad de proteína que reciben es bastante inferior a la necesita un ser humano cada día. Algunos de ellos se inventan sus formas para sobrevivir, comprando en el economato, pero no todos acceden a eso. Además, cuentan que no pueden dormir tranquilos, existe una tensión muy fuerte, permanecen en estado de vigilia.
¿Por qué?
No solo por la violencia que se ha registrado entre ellos, sino por requisas o por disposiciones causadas por la pandemia, como la restricción de las visitas familiares e íntimas. Esos elementos elevan tensiones, es una población que está no solamente privada de libertad, sino de dignidad.
¿Qué otras condiciones que les restan dignidad observaron?
El hacinamiento es fuerte en algunos centros. En otros hay muchos problemas en relación a servicios básicos, en Latacunga aún no hay agua corriente. En las visitas, si necesitamos un baño, hay que usar un baldecito.
¿Hablaron con los líderes de los centros y de las bandas?
La comisión ha hablado con la mayoría. También consideramos que parte del proceso de pacificación es ser respetuosos con las personas. Hemos dialogado con las distintas agrupaciones. Se ve que hay una disposición a la pacificación. Nos dicen: “Queremos vivir. Y lo segundo, queremos vivir con dignidad”. No quieren matarse.
Se ha instaurado la idea de que hay sicariato y más violencia en las calles porque se registra más tensión en las cárceles, ¿es así? ¿Las órdenes provienen de esos centros?
Hay que entender las terribles condiciones sociales, económicas y éticas que atraviesa nuestra sociedad, hay un conflicto ético, de corrupción institucional. E insisto, me llama la atención cómo se centraliza todo en los privados de libertad. Se cree que son los culpables de todo lo que ocurre afuera. Ellos están penando.
Pero, están cumpliendo penas por delitos…
Sí, hay mucha gente sin sentencia y un montón de gente que cumplió el 60% de la pena y que con la normativa podría acceder a beneficios penitenciarios, prelibertad, pero son carpetas que están ahí. Hemos trabajado con la SNAI y la Defensoría del Pueblo, en casos de adultos mayores, enfermos catastróficos o quienes han cumplido 100% de la pena y siguen guardados. Otros, sin sentencia. Varios que no saben por qué están ahí. Al final tenemos más de 35.000 personas privadas de la libertad.
¿Qué esperan cambiar del sistema?
En la comisión somos siete personas que no pertenecemos al Gobierno y que en definitiva no tenemos posibilidad de mover nada sino en articulación con las instituciones, durante seis meses. En una reunión con el presidente Guillermo Lasso, le dimos un breve informe de lo que hemos hecho. Hay un montón de diagnósticos muy buenos, elaborados por organizaciones sociales. Hemos hablado con algunas ONG como Alianza Contra Prisiones.
En estos dos primeros meses, ¿qué se ha logrado?
Una respuesta amigable de los privados de la libertad. Pero la pacificación va más allá de que dejen de matarse, esa es la paz negativa, de la que hablan expertos. La segunda parte es que puedan existir condiciones de dignidad, que pasan también por una paz positiva. Cómo les pedimos que dejen de matarse, si siguen comiendo mal, durmiendo en cartones, no tienen acceso a procesos de formación. Hemos visto apoyo de los GAD y de empresas privadas para impulsar emprendimientos.
Uno de los trabajos de carpintería, en la Penitenciaría del Litoral.
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